- Exigen que se den todas las explicaciones necesarias
Diversos sindicatos de Educación y en general, han manifestado su molestia por lo ocurrido el viernes anterior con la aplicación de las pruebas FARO y aseguran que esto no termina con la salida de la ex ministra Guiselle Cruz y la ex viceministra Melania Brenes.
La Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) fue clara en que incluso es necesario que el Ministerio dé una disculpa pública al país y en especial a las personas estudiantes que se vieron afectados con toda esta situación.
Además indicaron que “El accionar del Ministerio de Educación Pública violenta de manera frontal el artículo 5 del Código de la Niñez y la Adolescencia, en donde se resguarda el interés superior de la niñez, y se establece que cualquier actividad que involucre personas menores de edad debe considerar su condición como sujetos de derechos, su edad, su madurez, su capacidad de discernimiento, las condiciones socioeconómicas en que vive, y la correspondencia entre el interés individual la niñez y el interés estatal o social.”
Por su parte el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC) enfatizó en que lo hecho por el MEP debe ser investigado y se debe de buscar a los responsables más allá de las jerarcas que ya renunciaron y que se atengan a las consecuencias.
“La exministra y los funcionarios involucrados, deben informar, dar a conocer quién fue esa mano perversa que contaminó las pruebas FARO, desvirtuando su valor y objetivo”, dijo Gilberth Díaz, presidente del SEC.
En esta misma línea, Gilberto Cascante, de la Asociación Nacional de Educadores (ANDE) expresó su preocupación no solo por lo ocurrido por las pruebas FARO, sino por el nombramiento de una persona como ministro que no tiene la experiencia en este campo.
Es así como todos coinciden en el punto de que la renuncia de las dos jerarcas no es suficiente para que este tema termine y por el contrario hay mucha tela que cortar.
Incluso la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) interpuso una denuncia penal para que se investigue si hubo “violación a la ley de protección de datos, abuso de autoridad y otros”.
