El viernes 14 de abril, la Sala Constitucional nos notificó la resolución por la cual se admitió la coadyuvancia activa del SEC, de otras organizaciones magisteriales y universidades públicas en la acción de inconstitucionalidad N° 23-002835-0007-CO en defensa del 8% del PIB como inversión educativa en el presupuesto nacional, según lo indicado por la Constitución Política.
La misma cita: “Gilbert Díaz Vásquez, Presidente del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC), se apersonaron el veintiocho de febrero del dos mil veintitrés y solicitan se les tengan como coadyuvantes por considerar que les asiste un interés legítimo en tanto sus organizaciones agrupan maestros/ as, profesores/as, personal profesional y de apoyo a los servicios educativos, directamente responsables de la continuidad y calidad de los servicios públicos educativos que presta el Estado costarricense. El desfinanciamiento de la educación repercute no solo en la calidad del servicio público que prestan, sino además, en sus condiciones de trabajo y salario de sus afiliados. Manifiestan que estas organizaciones buscan y exigen el mejoramiento sustancial de los servicios que prestan las instituciones estatales. Tal mejoramiento no se logrará, si el Ministerio de Educación y las otras instituciones no cuentan con el
presupuesto que garantiza el artículo 78 constitucional. Consideran que estas organizaciones hacen suyas las banderas y las gestas de reinvindicación social del movimiento clasista y democrático y se comprometen a continuarlas mediante una lucha organizada por la democracia y el progreso social, para lo cual es fundamental la educación. En consecuencia y siendo que la primera publicación del aviso se dio el veintiocho de febrero del dos mil veintitrés, lo procedente es tenerlos como coadyuvantes dentro de este asunto”.
Aclaramos que esta acción de inconstitucionalidad está dirigida contra el Presupuesto Nacional Ordinario y Extraordinario de la República, correspondiente al ejercicio fiscal 2023, ya que el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa destinaron apenas el 5.80% del PIB a la educación, incumpliendo el mandato constitucional. debido a lo anterior, la actual tramitación y el eventual fallo favorable tendrán gran importancia en el ejercicio de presupuestación del año 2024 que ya inició.
El SEC continuará apoyando esta iniciativa legal, como un mecanismo para alcanzar el presupuesto justo de la educación en los años futuros.
