- 2023 sería el año con menos recursos destinados a esta población
La Mesa de Trabajo por una Agenda Social para los Cuidados de las Niñas, los Niños y las Personas Adolescentes en Costa Rica, envió una carta a los Diputados de la República con la preocupación de los recortes que se están haciendo a los presupuestos de programas e instituciones que ayudan a las personas menores de edad.
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Dicha mesa está conformada por organizaciones como Paniamor, Aldeas Infantiles SOS, Word Vision, Colegio de Psicólogos, Colegio de Trabajadores Sociales, Colegio de Orientadores, UCR, UNA, entre otras, las cuales buscan hacer ver que no es correcto realizar recortes a la población más vulnerable del país.
Según manifiestan en la carta que hicieron pública, buscan mostrar la preocupación y rechazo categórico por los anuncios del Ejecutivo sobre decisiones presupuestarias de recortes vulneran derechos de las personas menores de edad y ocasionarían un impacto negativo en sus trayectorias de vida y en sus posibilidades de desarrollo óptimo, contrario al compromiso que adquirimos como país al suscribir la Convención sobre los Derechos del Niño en 1990 y otros instrumentos jurídicos conexos.
Algunos de los recortes que preocupan a las organizaciones son la de los recursos para las becas del Programa Avancemos para personas menores de edad en situación de pobreza.
Además de los cupos en las diferentes modalidades de la Red de Cuido y Desarrollo Integral (REDCUDI) que se disminuyeron en 7.370 cupos. El presupuesto del sector educación para 2023 es el más bajo de los últimos nueve años respecto al PIB y decrece un 1,2%, en relación con el presupuesto inicial de 2022.
Esto solo para mencionar algunos pero es alarmante que el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica (IICE-UCR, 2023) estima que el recorte de becas producirá que 5.866 nuevos hogares caigan bajo la línea de pobreza, lo que se traduce en que 12.000 personas menores de edad ingresarán a esa condición, y ante la falta de recursos, unos 7.000 estudiantes de colegio dejarían las aulas.
“Existe abundante evidencia científica nacional e internacional que demuestra el impacto negativo que tiene la reducción de la asistencia social en las condiciones de vida de las familias en pobreza, especialmente en el bienestar y progreso de sus integrantes menores de edad.”, indicaron.
Algunos de esos aportes son por ejemplo que “las personas en condición de pobreza ven perjudicada gravemente su capacidad cognitiva, pues la carga mental de su situación de carencia económica les impide disponer eficazmente de sus recursos cognitivos, lo cual les dificulta pensar claramente y les lleva a tomar decisiones perjudiciales para su propio bienestar (Mani et al., 2013ii).
Y así hay varios estudios que citan con el fin de demostrar que los programas sociales no se deben tocar y mucho menos, si estos afecta a personas menores de edad.
“Las organizaciones que suscribimos esta comunicación, hacemos un llamado urgente al Poder Legislativo que ustedes representan, como autoridades con voz y voto para decidir el rumbo que toma la política nacional en sus disposiciones, para que hoy más que nunca, valoren y actúen de conformidad ante el hecho innegable de que en Costa Rica resulta imprescindible que las medidas presupuestarias que afecten instituciones con mandatos en niñez y adolescencia, sean siempre tomadas en apego a las obligaciones adquiridas por el Estado Costarricense en el ordenamiento jurídico nacional e internacional, que tutela los derechos de este sector fundamental del desarrollo nacional”, indicaron en la carta.
Ciertamente algunos de estos recortes y traslados de recursos están siendo analizados en la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa y están próximos a pasar al Plenario, por lo que son los diputados quienes tienen la última palabra de lo que se aplicará o no.
“Tampoco podemos aceptar el argumento de la sub-ejecución como respaldo a las decisiones de recorte en instituciones y programas que benefician a los sectores de la población más vulnerables, cuando la sub-ejecución lo que evidencia son las dificultades de eficiencia en dichas instituciones (lo cual debería ser el foco de atención y de mejora), pero no la ausencia de necesidades de la población, como a veces se da a entender”, concluyeron.
En nombre de los niños, niñas y adolescentes que lo necesitan es que estas organizaciones piden que se reflexione bien sobre lo que se autoriza.
