La Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), acudió a la Sala Constitucional para hacer cumplir al Gobierno con el mandato constitucional de asignar un 8% del PIB a la educación pública y que no está ocurriendo.
Es por eso que presentaron una acción de inconstitucionalidad contra el presupuesto ordinario de la República del año 2023, donde se asigna el 5,8% del presupuesto, el más bajo de los últimos 12 años según expresaron las autoridades de APSE.
La Presidente de APSE, Ana Doris González, explicó los motivos para recurrir este presupuesto, como lo son el incumplimiento en asignar el porcentaje establecido en la reforma constitucional establecida desde el año 2011 y sus consecuencias negativas en la calidad de la educación.
El sindicato ya ha realizado este tipo de acciones en otros momentos como ocurrió en el año 2016, cuando el gobierno también incumplió con el mandato establecido en el artículo 78 de la Constitución Política.
Manuel Hernández, abogado redactor del recurso, detalló cuál es la petición que persigue esta medida: exigir el cumplimiento del mandato constitucional.
APSE seguirá exigiendo que se apruebe el porcentaje correspondiente al sector educación, y denunciará la violación a este mandato constitucional hasta que se garanticen los recursos necesarios para llevar educación pública de calidad a toda Costa Rica.
