- Toca todas las pensiones del sector público.
La Asociación Jubilados en Acción (AJA), que representa a pensionados del Magisterio Nacional, manifestó su preocupación por el Proyecto de Ley N.° 24.786, denominado “Luchando por la justicia en el sistema público de pensiones”, al considerar que la iniciativa presenta inconsistencias jurídicas, técnicas y financieras que podrían afectar los derechos adquiridos y la seguridad jurídica de miles de personas jubiladas.
La organización sostiene que, aunque el proyecto busca homologar el monto máximo de las pensiones de diversos regímenes públicos con el tope vigente en el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), la propuesta desconoce las diferencias estructurales que existen entre los distintos sistemas de pensiones del país.
Según AJA, uno de los principales problemas radica en que el proyecto pretende aplicar un mismo límite máximo a regímenes que poseen historias contributivas, requisitos de acceso y obligaciones financieras muy diferentes. En particular, señala que el Régimen Transitorio de Reparto (RTR) del Magisterio Nacional ha funcionado bajo condiciones distintas a las del IVM.
La asociación explica que los trabajadores afiliados al RTR cotizaron durante su vida laboral entre un 5 % y un 16 % de su salario y continúan aportando entre un 12 % y un 16 % de su pensión una vez jubilados. En contraste, los afiliados al IVM realizaron aportes que oscilaron entre un 2,5 % y un 4,17 % de su salario mientras estuvieron activos y no realizan contribuciones al régimen después de pensionarse.
Para la vicepresidenta de AJA, Roxana Salazar Bonilla, estas diferencias hacen improcedente establecer un mismo tope para ambos sistemas.
“Pretender igualar beneficios entre regímenes que tienen historias, requisitos, niveles de cotización y cargas contributivas completamente distintas no constituye un acto de justicia. Por el contrario, rompe el principio básico de proporcionalidad entre lo aportado y lo recibido durante la jubilación”, afirmó.
La organización también recordó que, según su interpretación, el Estado nunca constituyó el fondo de pensiones correspondiente al Régimen Transitorio de Reparto con las cotizaciones efectuadas por trabajadores, patronos y el propio Estado, tal y como establecía la legislación vigente en su momento. En su lugar, dichos recursos habrían sido utilizados para financiar gasto ordinario del Gobierno, situación que posteriormente llevó a incorporar el artículo 115 de la Ley de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, mediante el cual el Estado asumió el compromiso de garantizar el pago de las pensiones de este régimen.
La organización advierte que el proyecto permitiría deducciones que alcanzarían hasta un 60 % del monto nominal de algunas pensiones, porcentaje que, según su criterio, excedería el límite del 50 % señalado por la Sala Constitucional como máximo permitido para las rebajas aplicadas sobre una jubilación. En consecuencia, considera que la iniciativa podría vulnerar principios constitucionales relacionados con los derechos adquiridos, la seguridad jurídica y la irretroactividad de la ley.
En el plano técnico, AJA cuestiona el estudio actuarial utilizado para respaldar la propuesta legislativa. De acuerdo con la organización, el documento no cumple con los requisitos establecidos en el Reglamento Actuarial del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) y presenta vacíos de información reconocidos por sus propios autores, lo que impediría utilizarlo como fundamento suficiente para modificar las condiciones de las pensiones vigentes.
Según los cálculos elaborados por AJA con base en los parámetros contenidos en el proyecto, la estructura propuesta tendría un comportamiento regresivo, ya que las reducciones afectarían proporcionalmente más a pensionados con ingresos medios que a quienes reciben las jubilaciones de mayor monto.
“El proyecto se presenta como una medida para generar equidad, pero sus efectos reales podrían ser regresivos. Detrás de cada pensión existe una persona que dedicó décadas al servicio público. Muchos de los potenciales afectados son educadores jubilados que trabajaron durante más de treinta años en escuelas y colegios del país y que actualmente dependen de su pensión para cubrir gastos de medicamentos, alimentación, vivienda y otras necesidades básicas”, agregó Salazar.
