Con la reciente entrega de la “rendición de cuentas” del señor Presidente de la República, Rodrigo Chaves ante la Asamblea Legislativa, como lo establece la Constitución Política, el Sector Magisterial, representado por diferentes sindicatos y asociaciones del ámbito educativo, difiere de las apreciaciones dadas, con fundamento a la experiencia de aula diaria que exponen cientos de afiliados nuestros y que contrasta drásticamente con la realidad que se ha querido mostrar en dicho informe.
Precisamente en educación, hoy estamos ante un panorama nunca antes visto, con un Magisterio nacional abandonado, golpeado por la precarizado de por los bajos salarios, por la improvisación en decisiones, comenzando por una Ruta de la Educación, que, con mucha expectativa, terminó siendo un experimento sin un marco conceptual y líneas de acción específicas, capaces de trazar orientaciones concretas para el ejercicio docente.
El Magisterio Nacional considera que en un año de gobierno, la administración actual ha fallado en temas claves como:
Se nos otorga un Presupuesto para la educación minimizado y menoscabado, visibilizado como un gasto y no como una inversión a largo plazo, menor al 8% del PIB nacional, faltando a lo establecido en la Constitución Política, a lo que ahora se suma el anuncio de que el MEP deberá financiar el programa “Costa Rica Segura”, con un recorte para educación de ¢3100 millones desprotegiendo más a quienes reciben ayuda de los programas de equidad, (transporte y alimentación estudiantil); además de otros programas y proyectos de tecnológicos, programas culturales y de lenguas; servicios de Lesco; planificación institucional y compra de suministros de oficina.
Nuestro personal en los centros educativos enfrenta una situación crítica, debido a los salarios congelados por la Ley 9635 y también por la Ley Marco Empleo Público, lo que influye directamente en la capacidad adquisitiva de esta clase trabajadora, especialmente las mujeres jefas de hogar, dejándolas a expensas de la violencia de género, por su incapacidad de tomar decisiones para estabilizar su economía.
Hoy nuestras trabajadoras y trabajadores han sido castigados dejándoles sin aumento de salario digno, después de más de 3 años sin reconocimiento del costo de vida. Mientras que el Pago de anualidades, es mendigado en mesas de negociación, algo que de oficio se debe cancelar en tiempo real.
El Salario Global por su parte, trae consigo un sistema de pago altamente complejo, que, por las particularidades de cada funcionario, evidencia que Integra 2 es la plataforma precisa para cancelar los salarios quincenalmente, es decir que ante esta descoordinación y planificación nos preguntamos si ¿para salarios globales habrá que hacer un nuevo integra 3? Respecto a este mismo Salario Global, no podemos ignorar que se ha establecido en perjuicio de las personas profesionales de la educación en un 15% por debajo de la inflación acumulada.
¿Y qué pasa con los salarios para quienes ingresan por primera vez a la planilla MEP, debido a que no se ha parametrizado en el sistema Integra 2, lo que implica que no gozarán del derecho al salario por días, semanas o meses, hasta que esté subsanada la situación y mientras tanto estas y estos nuevos funcionarios, deben pedir prestado o decir que no pueden pagar, corriendo riesgo de enfrentar hasta procesos judiciales de cobro, o bien comprometer más a sus familias por no poder cubrir gastos básicos de vida.
Actualmente no se visualizan soluciones para los problemas sanitarios y de infraestructura de muchos centros educativos del país (alrededor de 800), que ponen en riesgo a nuestro personal. Le recordamos al señor Presidente que la Infraestructura educativa, no es un lujo, es una necesidad para desarrollar el acto educativo en lugares decentes y dignos para quienes participen de ello; la comunidad educativa actual presenta un 20% de la infraestructura en caso extremo; ¿De qué sirve tener un Centro de Punta, si las juntas no pueden darle el mantenimiento adecuado para evitar el deterioro?
Aún laborando en estas condiciones, la clase trabajadora del Magisterio Nacional ha demostrado su vocación, aun cuando ha sido burlada con promesas no cumplidas, como el ofrecimiento de bajar las cargas laborales, lo que se agravia.
No es aceptable que se cataloguen como “privilegios”, a las pensiones del Magisterio Nacional, en un proyecto de ley (23.733) que sin fundamento técnico y total impericia pretende unificar el aporte del Estado a los regímenes básicos de pensiones por igual, con el supuesto apoyo de la Superintendencia de Pensiones (Supen).
El sistema de Pensiones, de las trabajadoras y los trabajadores del sistema educativo demostró desde los años 90s, proactividad e innovación para fortalecerse conforme el paso del tiempo, un régimen de pensiones, que si bien es cierto el Estado aporta, sin los trabajadores de la educación que son los que cotizan mayormente para tener una pensión digna y sin este aporte no podría ser tan sólido; por lo que no es compartida la idea de una pensión excesiva.
En temas curriculares, es evidente que no se ha defendido el derecho fundamental a la educación ni los derechos del estudiantado, más bien se han visto atropellados con evaluaciones “simulacro” y el cierre de programas educativos exitosos.
Las denominadas Pruebas diagnósticas y estandarizadas, son prácticas que deben ser planeadas, organizadas y documentadas para dar fe de un proceso confiable y válido, que arroje resultados certeros del estado de la educación, como dimensión teórica excelente, no obstante, la puesta en práctica resultó ser un fiasco total.
Y es que, el irrespeto a la profesión no ha quedado ahí, ya que nuestro personal ha sido ignorado, mancillado por el uso irresponsable de las políticas educativas y la falta de un rol responsable, participativo y acorde a la constitución por parte del Consejo Superior de Educación.
En otros aspectos, se destaca el fallido lanzamiento de SEA, herramienta propuesta por el MEP, para sustituir SIRIMEP, una propuesta que desde el curso 2022, se señaló como defectuosa y llegó de forma tardía a las educadoras y los educadores, para consignar la evaluación realizada por los estudiantes, teniendo con ello que atrasar los procesos y cargar de trabajo para entregar a las familias una constancia escrita de lo que hace el estudiante en el acto educativo, pero su puesta en marcha genera atrasos en la digitalización de los componentes de la evaluación, haciendo más engorrosos los procesos.
Todos estos experimentos comenzaron mal desde el anuncio de campañas propagandísticas irresponsables como el “apagón educativo” o “encendamos la luz”, que desconocen e irrespetan el trabajo docente.
Es preocupante como una administración que desconoce la realidad histórica de nuestra educación y ha desechado el trabajo que se viene realizando desde hace una década, principalmente en programas educativos.
El Magisterio Nacional ya no aguanta más, y pide el respeto a la Convención Colectiva de Trabajo y un alto inmediato al desmantelamiento desmedido del sistema educativo público y su privatización, en manos de empresarios y familias que lucran con los servicios educativos.
Por todo lo anterior, al término de este primer año de Gobierno, le decimos al señor Chaves que debemos rescatar la educación juntas y juntos, porque no somos las personas educadoras quienes tenemos la responsabilidad, nosotros seguimos en las aulas orientando a la niñez y la juventud con nuestro esfuerzo personal y vocación, pero los líderes políticos actuales carecen de una hoja de ruta educativa para liderar al Magisterio.
Para nosotros el contexto actual repercute en la educación pública, irrespeta la dignidad de docentes, cocineras, guardas, conserjes, administrativos y a la población en general, que sueña con una educación para construir un futuro de las nuevas generaciones.
El Magisterio Nacional ha hecho historia en Costa Rica y no puede silenciarse ante un discurso sin acciones, que se evidencia aún más con el presupuesto para la educación, más bajo de los últimos 9 años, es decir, tenemos una educación precarizada.
Nosotros somos conscientes del trabajo por hacer y pedimos diálogo para trabajar por el bien de la educación pública que todas y todos soñamos.
