- Tras publicación de ley N.° 10.137
Tras una lucha que dieron los diferentes sindicatos, finalmente se logró evitar que los educadores sufrieran una rebaja salarial que les iba a perjudicar debido a lo que se conocer como una antinomia jurídica.
Específicamente es mediante la Ley para Prevenir la Reducción de los Salarios de los Educadores Costarricenses (N.° 10.137) que fue firmada por el Presidente de la República Carlos Alvarado.
Esta ley, que ya fue publicada en La Gaceta, subsana la antinomia jurídica, es decir corrige el hecho de que dos leyes ordenan cosas opuestas, específicamente entre la Ley de Salarios de la Administración Pública N.° 2.166 y la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas N.° 9.635.
“Hoy firmamos la Ley para Prevenir la Reducción de los Salarios de los Educadores costarricenses con la intención de evitar un perjuicio a quienes se hubieran visto afectados en sus ingresos salariales en forma significativa. Esta firma es muestra de que siempre velamos por los intereses de todas las personas de la comunidad educativa quienes han sido fundamentales para dar respuesta oportuna a las demandas del entorno. Aprovecho para agradecer a todos los señores y señoras diputadas que la aprobaron”, explicó el ministro de Educación Pública, Steven González.
Perjuicio
Esa contradicción entre las dos leyes, ya mencionada, lo que provocaba la afectación negativamente los ingresos de las personas docentes porque la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas N.° 9.635 ordena nominalizar todos los incentivos salariales con referencia al salario base de cada puesto, incluyendo el Incentivo para el Desarrollo de la Docencia, que se calcula sobre el salario total de la persona docente.
Entonces en los salarios de los docentes esto se traducía en que va desde un monto de ₡52.394 en los salarios más bajos, hasta superior a los ₡200.000 mensuales en los salarios más altos.
Pero por otro lado la ley N°9.635 detalla que, al convertir los pluses a montos nominales, no se podrá reducir el salario total de las personas servidoras públicas.
Esto fue lo que vino a resolver el proyecto presentado por el diputado por la Unidad Social Cristiana Wagner Jiménez, quien subrayó que esta ley no viene a otorgar ninguna concesión adicional a los educadores, sino que corrige “una insuficiencia”.
“La reforma fiscal se redactó para que a ningún funcionario público se le rebajara el salario y, posteriormente, con la nominalización de uno de los componentes salariales del MEP denominado incentivo para el desarrollo de la docencia, los maestros sí iban a experimentar reducciones salariales”, dijo el diputado.
Y agregó que el Incentivo para el Desarrollo de la Docencia es usado por los maestros y profesores para comprar sus materiales didácticos, equipo de cómputo y garantizarse conectividad, entre otros.
“Ojalá que esta aprobación y la firma de la ley por parte del señor Presidente sea un insumo para que los maestros y profesores nos ayuden a recuperar los aprendizajes perdidos de nuestros niños y de nuestros jóvenes en virtud de la entrada a la pandemia, las huelgas prolongadas y otros problemas de la educación costarricense”, manifestó.
Satisfechos
Gilberth Díaz, presidente del Sindicato de las Trabajadoras y los Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC), dijo sentirse satisfecho porque se logra apoyar a los docentes sin que aumente el presupuesto. Él resaltó el simbolismo de firmar esta ley el primer día del curso lectivo 2022.
En esta misma línea la Asociación Nacional de Profesores (ANDE) celebró que se pudiera dar este proceso y con ello acabar con la incertidumbre que se estaba dando.
“Esta ley viene a restablecer la forma correcta para realizar el cálculo del incentivo didáctico en su valor nominal para prevenir una eventual reducción de los salarios de las personas educadoras”, indicaron.
Por su parte la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) también se mostró complacida por asegurar el pago del incentivo que es de gran importancia para le desarrollo de las lecciones.
“Esto significa que los nuevos compañeros educadores no verán sus salarios disminuidos, ya que el ‘Incentivo para el Desarrollo de la Docencia’ se calculará de forma nominal considerando todo el salario y sus componentes, y no sólo según el salario base como establece el Plan Fiscal del 2018”, señalaron.
En el acto de la firma de la ley estuvieron presentes, Marvin Rodríguez, vicepresidente de la República; Steven González, ministro de Educación Pública; Geannina Dinarte, ministra de la Presidencia; el diputado Wagner Jiménez y la diputada Catalina Montero, así como representantes del Sindicato de la Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC).
